Ante la situación, el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos presentó una petición ante la CIDH en nombre de la MCL y la familia de Payá en abril de 2013, alegando la «responsabilidad internacional» de Cuba por las muertes de ambos disidentes, ocurridas con impunidad.
Luego de más de 10 años de investigación y análisis de las pruebas presentadas, la agencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió su informe en el que señala que existen “múltiples elementos de prueba relacionados con la participación de agentes estatales en las muertes de los señores Payá y Ceperus.
El informe también dice que previo a su muerte, ambos disidentes fueron objeto de «múltiples actos de violencia, hostigamiento y amenazas» por parte del gobierno en «un contexto de violencia contra disidentes políticos y defensores de derechos humanos».
CIDH nota que el gobierno cubano no respondió preguntas durante la investigación.
En declaraciones a ACI Prensa, socio periodístico de habla hispana de CNA, Cardet subrayó que el fallo de la CIDH sobre el caso es «un acto de justicia, muy acorde con la verdad y con los datos que se han proporcionado» desde este trágico hecho, que refuerza lo que hemos afirmado todos estos años: que el régimen fue directamente responsable de la muerte de Oswaldo y Harold”.
Cardet también subrayó que «es importante que un organismo de este nivel se pronuncie», más cuando en un régimen dictatorial como el cubano «el camino hacia la justicia está plagado de muchos obstáculos».
