Álvarez, un abierto crítico del régimen de Ortega, fue acusado de ser un «traidor a la patria» el 10 de febrero.
En los últimos años, el gobierno de Ortega ha detenido, encarcelado y posiblemente torturado a numerosos líderes católicos, incluidos al menos un obispo y varios sacerdotes. Su gobierno también ha tomado medidas para tomar medidas enérgicas contra las estaciones de radio y televisión católicas y expulsar del país a las órdenes religiosas católicas, incluidas las Misioneras de la Caridad.
Ortega, quien dirige el partido socialista Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, ha gobernado Nicaragua de manera continua desde 2007 junto a su esposa, Rosario Murillo, quien ahora es la vicepresidenta. El régimen ha sido acusado de corrupción, fraude electoral, encarcelamiento de disidentes críticos y periodistas, y de cometer abusos violentos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua.
La sentencia de Álvarez se produjo un día después de que el obispo se negara a abordar el avión con los otros presos políticos liberados, entre ellos cuatro sacerdotes, que habían sido trasladados a Estados Unidos en acuerdo con el Departamento de Estado.
Ortega dijo en un discurso televisado que Álvarez estaba en la fila para abordar el avión cuando de repente decidió no abordar y fue llevado a la prisión Modelo.
Álvarez estaba bajo arresto domiciliario desde agosto de 2022. La policía antidisturbios impidió que el obispo -junto con sacerdotes, seminaristas y un laico- saliera de la cancillería en Matagalpa del 4 al 19 de agosto. La dictadura secuestró a Álvarez en medio de la noche y se lo llevó a Managua, la capital del país.
